Esta semana, más allá de las previas del Clásico y de la Champions, la noticia más relevante ha sido la maratoniana Asamblea del domingo. Poca representación de los socios y, de nuevo, la evidencia de que su participación en la gobernanza de este no está bien resuelta. El Barça es un club privado, pero es evidente que al no ser ni una empresa, ni tampoco una institución pública (aunque a veces pueda parecer un híbrido de las dos cosas), el terreno de la gobernanza queda determinado por los estatutos y, sobre todo, por la dificultad de gestionar una entidad con más de 140.000 socios.
¿Cómo se les da la palabra a todas las personas que religiosamente pagan su cuota de socio, y, si están de suerte y les toca, pueden pagar el abono por asistir a los partidos? Es muy difícil responder. El derecho de voto universal se contempla para la elección de la presidencia y por una hipotética moción de censura. Y aquí el Barça tiene un reto porque en una democracia la gente vota directamente a sus representantes, sea en el Parlament, en el Ayuntamiento, e incluso en algunas democracias consiguen votar al jefe de Estado.
Montesquieu hablaba de la separación de poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. Con el tiempo se añadió el poder mediático y posteriormente el filósofo francés Michel Serres lo actualizó añadiendo el poder de los datos. Todos estos poderes existen en el Barça, en formatos distintos a los de las instituciones públicas, por supuesto, pero están ahí. Y al no poner orden se pierde una magnífica oportunidad de tener un club más democrático (con lo que esto significa en pleno siglo XXI), más eficiente y cercano al socio, que volvamos a recordarlo, todavía es su propietario.